El trabajo propone, sobre todo para América Latina, la reformulación del papel del Estado y la revalorización de lo público. Las contradicciones de nuestro desarrollo histórico dieron lugar en la mayo "Probablemente la transformación cultural más importante para el logro de la sustentabilidad en el siglo XXI sea el surgimiento de un modelo de acción humana que armonice los aspectos éticos, económicos y ecológicos, centrándolos en una vocación de solidaridad comunitaria"
DALLY y COBB, 1994
"El desarrollo de una ética ambiental puede ser deseable, pero difícilmente cambiará la naturaleza humana básica. En vez de intenciones, la correcta administración de los recursos depende de cómo buenas instituciones sociales controlan el interés personal a través de incentivos individuales"
ANDERSON y LEAL, 1991
A. Etapas del proceso de mundialización y su impacto en los “recursos” humanos y los “recursos” naturales.
El industrialismo se desarrolló sobre la base de la explotación de la naturaleza y de la “mano de obra” en los talleres, fábricas, minas, bosques y plantaciones de la nueva era del progreso en el siglo XIX. Las escenas dantescas de los años de la Revolución Industrial muestran a niños, mujeres y hombres durante larguísimas jornadas encadenados a rudimentarias máquinas accionadas a vapor con una fuente de energía central.
En esta etapa, la necesidad de las empresas de permanecer en el mercado y desalojar a las competidoras, se traducía, por una parte, en un aumento incesante de la tasa de explotación mediante la extensión de la jornada de trabajo y el incremento del ritmo de producción y, por otra parte, en la degradación de los ecosistemas a una escala antes desconocida en la relacion sociedad-naturaleza.
El cambio tecnológico permitió un notable crecimiento de la productividad, uno de los saltos más espectaculares de la historia hasta entonces y un aumento de la acumulación también inédita. Pero también fueron muy importantes y muy graves las consecuencias para las condiciones de vida y de trabajo de las grandes masas campesinas devenidas en “proletariado urbano” bajo el imperativo del requerimiento de “mano de obra” (que después adoptaría el nombre de “recursos humanos”) para la naciente industria, para los nuevos hábitat marginales en los suburbios de las grandes ciudades y para el ambiente y la naturaleza no solamente de estos países, sino también de aquellos de los que se extraían los insumos y las materias primas: los “recursos” naturales.
La relación del hombre con la naturaleza ha variado a través de la historia y de las diferentes culturas. Pero la sociedad humana, sobre todo después de la revolución industrial, se ha caracterizado por ser depredadora de otras especies y contaminadora compulsiva (ITURRASPE, 1998).
En cambio, la relación sociedad-naturaleza en muchas de las culturas americanas anteriores al "descubrimiento" estaba basada en un esquema armónico (GLIGO y MORELLO, 1989), en el cual la identificación con la tierra era parte fundamental no solamente de su cosmovisión sino de una ética productiva que, lejos de considerar a la naturaleza como un "recurso" a "usar y abusar", era generalmente sacralizada.
En la “primera mundialización” los metales preciosos y las tierras aptas para la producción de azúcar fueron los dos principales atractivos iniciales de los conquistadores y colonizadores del nuevo mundo. (FERRER, 1996). Éstas y otras actividades extractivas y agrarias dejarían una huella indeleble en nuestras sociedades y en muchos de nuestros ecosistemas.
Por ello, esta etapa (posterior a los "descubrimientos") trajo consigo, como primer nota a considerar, la depredación de los "recursos” naturales y la ideología de la reducción de la naturaleza a "recurso" a explotar.
Pero esta depredación vino acompañada de la degradación de los "recursos” humanos. La minería y otras actividades extractivas y las haciendas y plantaciones exigieron el sometimiento de las poblaciones originarias: los "recursos” naturales requerían de "recursos” humanos para convertirse en mercancías y en riequeza acumulable. La reducción de los diferentes pueblos indígenas al trabajo requerido por el nuevo modelo productivo mercantil fue una de las causas de la terrible catástrofe demográfica que sufrió el continente con la muerte de decenas de millones de seres humanos. La economía extractiva de la primera mundialización en América requería de creciente cantidad de mano de obra, por lo cual se produjo la incorporación de grandes masas de esclavos provenientes del Africa. La conquista y colonización de América introdujeron dos nuevas dimensiones en el tráfico esclavista: por una parte, nunca antes se había traficado en escala semejante a la inaugurada con la incorporación del nuevo mundo al emergente orden mundial ni, por otra parte, la esclavitud había estado asociada a la raza y a una fractura profunda entre los niveles culturales de esclavistas y esclavizados (FERRER, 1996).
La degradación de los "recursos” humanos y la ideología de la reducción de los seres humanos a "recursos" a explotar, se pone de manifiesto con las discusiones teológicas sobre si los indios o los esclavos africanos tenían alma - o no la tenían - y continúan hoy en día con la idea de que la fuerza de trabajo es una mercancía que debe ser simplemente regulada por el "mercado de trabajo”.
Frente a esta situación emergen respuestas de distinto género en todo el continente, desde las primeras insurrecciones indígenas y la rebeldía de los esclavos en los “quilombos”, "cimarroneras" y "rochelas" hasta los enfrentamientos al colonialismo español y portugués, con las guerras de la independencia que darán lugar a la imposición del orden republicano oligárquico y al neocolonialismo anglosajón.
La segunda mundialización, que viene de la mano de la primera revolución industrial, le permitió a nuestras jóvenes repúblicas latinoamericanas incorporarse al mercado mundial como exportadoras de las materias primas que requería el proceso de industrialización de Europa y los Estados Unidos. Así nos incorporamos al comercio mundial con las mercancías producidas en los enclaves y en las minas y llanuras feraces conquistadas a los indígenas y a los criollos mediante una desigual guerra de exterminio. Nuevamente se requirió de “mano de obra”: la inmigración que llegó de Europa y, en algunos casos de Asia, para levantar las cosechas, colaborar en la construcción de ferrocarriles etc. Esta segunda etapa siguió los pasos de la primera: por una parte, la biodiversidad y la vida natural retroceden en la medida que avanza el "progreso", por la otra se establecen las ideas euro centristas y racistas por las cuales nuestros pueblos son incapaces de desarrollarse sin el concurso de los capitales y la "civilización" europea (SARMIENTO, 1845).
Las nuevas respuestas serán las luchas por la autonomía regional frente al centralismo y la imposición del orden neocolonial y las organizaciones y luchas de los trabajadores de la ciudad y del campo, con la incorporación activa de los nuevos sectores sociales provenientes de la migración, que caracterizan las etapas iniciales del movimiento sindical latinoamericano a finales del siglo XIX y comienzos del XX. En esta fase de respuestas se inscriben la Revolución Mexicana y centroamericana, las rebeliones campesinas, las primeras huelgas obreras, la reforma universitaria y la constitución de organizaciones obreras de diverso signo político y de agrupaciones democráticas de contenido latinoamericanista.
Esta expansión del progreso exportador en América Latina y de la segunda mundialización tiene su crisis en 1929/1930, época en la que se potencia un nuevo modelo de desarrollo basado en la industrialización sustitutiva de importaciones. Este proceso da lugar al crecimiento del Estado, con un papel en la economía y en políticas sociales que logran expandir la educación, establecer sistemas de seguridad social y regímenes más democráticos de relaciones laborales con el apoyo a las organizaciones sindicales y el surgimiento de organizaciones políticas y sociales populares. Estos procesos sociales y políticos disímiles y en diversos tiempos según los países, intentan, dentro de las limitaciones propias de nuestras sociedades, por una parte, poner fin al orden oligárquico y por otra parte limitar la creciente influencia de los Estados Unidos en la región.
El esquema de desarrollo "endógeno" da lugar – en general en la mayoría de nuestros países – a una rápida urbanización, un importante incremento de la población, el intento de construcción de economías basadas en el mercado interno y en el proteccionismo que permite una industrialización desarrollada muchas veces sin tener en cuenta los límites ambientales y los imperativos de la justicia social. Estos factores determinan nuevos desequilibrios sociales y ecológicos: la marginalidad social , la urbanización de tierra agrícola sin una planificación de la ocupación del territorio, el aumento desproporcionado del tamaño de las ciudades con sus cinturones de miseria, la falta de planificación adecuada de la deposición de los desechos industriales y urbanos que convierten en cloacas a nuestros ríos, la llamada "revolución verde" que provoca graves problemas a la biodiversidad, la contaminación del aire, del mar y del suelo etc. El propio Estado industrializador es incapaz de poner coto a la acción depredadora, frente a la cual aparecen los primeros movimientos conservacionistas, contra la contaminación y en defensa del medio ambiente, en general sin ninguna articulación con las organizaciones de trabajadores.
Este modelo de desarrollo comienza a entrar en crisis y es reemplazado por un nuevo esquema neoliberal que acompaña a una tercera mundialización llamada generalmente globalización, que implica una fuerte expansión del comercio mundial, sobre todo entre los países desarrollados, una notable concentración del poder de los monopolios transnacionales y una aguda dependencia financiera, una nueva y profunda revolución tecnológica, una ruptura de los espacios nacionales en el plano comunicacional, cultural, jurídico y político y la imposición de un modelo societal mundial, que, sobre todo después de la caída del muro de Berlín, aparece con la pretensión de "único".
La lógica del mercado se profundizo en América Latina, en especial en las ultimas decadas del milenio, desencadenando profundas transformaciones en sus matrices culturales y políticas. La mayor parte de los análisis de este proceso han enfocado aspectos macroeconómicos (como por ejemplo el déficit fiscal o la inflación, la privatización de empresas públicas y la reducción de las políticas sociales). Sin embargo, esta reorganización economicista tiene muchos otros efectos, en tanto expresa una forma de concebir a la sociedad, las relaciones de trabajo y la naturaleza. Aunque en ningún país se mantiene un modelo neoliberal "puro", y mientras sus postulados están perdiendo fuerza en especial después de la caída del “modelo argentino”, igualmente permanece un sesgo o estilo neoliberal sobre nuestras sociedades y en la dirigencia económica y política. Aunque se habla de justicia social y equidad, hay evidencias de la permanencia de una impronta que una y otra vez muestra la presencia del reduccionismo de mercado que plantea análogas formas de concebir las relaciones entre las personas y las relaciones con la Naturaleza, existiendo un alarmante paralelo entre sus propuestas sociales y ecológicas (GUDYNAS,1998).
Efectivamente, a partir de la crisis del modelo de industrialización sustitutiva y de los mecanismos políticos y sociales que había propiciado, aparece en materia laboral y de seguridad social una fuerte tendencia a la “flexibilización” (ROMERO, 2003) de la normativa laboral y de las relaciones de trabajo, que algunos autores prefieren denominar “desregulación”, a la “precarización”, al aumento de la informalidad y el desempleo, así como al desmantelamiento de los mecanismos de solidaridad social para dar paso a propuestas privatizadoras de los regímenes de pensiones (ITURRASPE, 2002), de vivienda y de salud que priorizan la formación de capitales sobre el bienestar presente y futuro de los trabajadores y de la población en general. Estas “políticas sociales” acompañan a nuevos modelos de relaciones interpersonales y culturales predominantemente individualistas que agravan la importante “brecha social” existente al interior de nuestros países.
B. “Crisis civilizatoria”, crisis en “la relación sociedad-naturaleza” y crisis de las relaciones de trabajo.
La ideología del progreso indefinido y sus apoyos científico-positivistas (y los diversos credos políticos que surgieron bajo estas ideas) renovaron en América las promesas bíblicas que le ofrecieron al hombre "dominar la tierra" y ponerla a su servicio.
Las artes ensalzaron la conquista de la naturaleza, la conversión de los bosques en tierras de labranza, "el cultivo", el crecimiento de las ciudades, la "civilización". El colonialismo primero y el neocolonialismo después permitieron llevar ese progreso a todos los rincones del planeta y "domesticar" o exterminar a las culturas que tenían una relación menos agresiva con la naturaleza. La religión no se quedó atrás y ayudó con ímpetu misionero a imponer ese modelo.
El Derecho, influenciado por esas ideas y por el auge del progreso económico, toma los conceptos jurídicos romanos, los codifica o los jurisprudencializa, para que la naturaleza y todos sus reinos: animales, vegetales y minerales, sean una res (cosa, objeto) y la relación del hombre-propietario con ellos, la plena in rem potestas, que facilita el ius utendi, et abutendi et fruendi. El sacrosanto derecho de propiedad permite abusar y degradar la naturaleza como eje de todo el sistema jurídico articulador de los intereses sociales hegemónicos.
Las propias ideas sociales contestarias predominantes asumieron el papel de socialismo "científico" y la bandera de la superación del capitalismo porque frenaba el desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad. Los escritos de los padres fundadores del materialismo histórico ensalzaban el papel de los ingleses en la India y la destrucción de los modos de producción perimidos por la obra del progreso. El positivismo divide a la sociedad entre "progresistas" y "retrógrados" por oponerse al avance de las fuerzas productivas. Así como la cuestión social, provocada por las injusticias "internas" del sistema en las grandes metrópolis, dio lugar a la sociología, la conquista colonial hizo necesario el estudio de las "formas primitivas" por la antropología.
Las guerras coloniales y mundiales – más allá de su crueldad y brutalidad - fueron un gran instrumento de expansión del progreso y la tecnología y permitieron la difusión de esta ideología de este modelo productivo y de relación sociedad-ambiente.
Durante todo el tiempo se escucharon voces disidentes y enfrentamientos al modelo de desarrollo, pero eran arrolladas por la marea creciente del progreso y los formidables aparatos ideológicos, jurídicos, culturales, científicos, religiosos, artísticos, económicos etc. de la modernidad. Al comienzo aparecieron unos individuos a veces exóticos, llamados conservacionistas, que intentaban combatir el mal por sus efectos y por ende solían ser totalmente funcionales al sistema.
Pero las señales de alarma de multiplicaron: la gente común – primero en el mundo desarrollado y después en todos los países - empezó a percibir con claridad los terribles estragos, los peces muertos en los ríos contaminados, la proliferación de las enfermedades ambientales, la polución atmosférica. Comienza a desarrollarse la idea de medio ambiente y surge la ecología que pone de manifiesto el tenebroso impacto sobre los ecosistemas de nuestra civilización.
El informe del Club de Roma recopiló las profecías del desastre por parte de grupos de científicos altamente acreditados: nos queda carbón, petróleo, minerales para muy poco tiempo y el ritmo de utilización de esos "recursos" se intensifica vertiginosamente, la población aumenta en forma geométrica, la contaminación de los diversos ecosistemas es cada vez mayor, los bosques, pulmones de oxígeno, los océanos, grandes fuentes de alimentos, están en grave peligro.
Cuando en los ochenta los cambios políticos en la ex Unión Soviética comenzaron a mostrar a través del Glasnost (transparencia) los efectos en la naturaleza del sistema imperante en los países hasta entonces denominados socialistas el mundo no dejó de asombrarse. La destrucción ecológica era algo más que un subproducto del capitalismo occidental: forma parte de nuestros impulsos vitales, se alojaba en el tanatos de nuestro inconsciente colectivo, parecía inseparable de todas las manifestaciones culturales del mundo del progreso.
Muchos propusieron un cambio agresivo, otros formaron partidos para tratar de modificar el aparato del Estado y establecer reglas de juego. Pero poco o nada realmente cambió fuera de los llamados países centrales en los que la conciencia de la población operó una modificación de las conductas sobre todo en el plano cultural, aunque, en muchos casos, superficial.
Los trabajadores y sus organizaciones se vieron bien pronto frente a una feroz contradicción: las fábricas, los microclimas industriales, las vecindades urbanas, los campos de labor contaminados por los pesticidas eran su hábitat natural, pero la imposición de reglas estrictas en beneficio de su vida y su salud se encontraba frente al permanente chantaje de pérdida de los puestos de trabajo y el traslado de las fuentes de empleo a zonas o países permisivos, generándose el dumping ambiental o ecológico.
Los sindicatos, que históricamente fueron las primeras organizaciones no gubernamentales preocupadas por temas del ambiente laboral (higiene industrial, fatiga y reducción de la jornada etc.) en muchas ocasiones, por el dramático tema de la pérdida de puestos de trabajo y por una mentalidad fuertemente condicionada por el propio modelo de desarrollo, asumieron roles "conservadores" en materia de protección ambiental frente a las Organizaciones no gubernamentales ecologistas, parte de los nuevos movimientos sociales.
La ultima fase de la mundialización, o globalización como se la denomina en un anglicismo que muestra las hegemonías culturales del proceso, ha agravado en los últimos años la crisis ambiental y social debido a varios procesos paralelos e interconectados:
El predomino en todo el planeta de un modelo de desarrollo basado en la explotación irracional de los “recursos” naturales (y como vimos, de los “recursos” humanos también) y en la generalización de un consumismo desbordado para muchos países y capas de su población, y contradictoriamente, de pobreza y marginalidad para sectores crecientes. Ambos polos de este desarrollo desigual tienen graves consecuencias ambientales.
El consumismo, por una parte, transforma las relaciones entre las personas y el mercado profundiza su hegemonía social (GUATTARI, 1998). La cosificación de los seres humanos trastoca desde su raíz las sociedades. La publicidad y la oferta crean artificialmente la demanda de productos cada vez más sofisticados. Los automóviles y artefactos de todo tipo consumen una cantidad de energía impresionante creando una cultura de competitividad y despilfarro.
Por otra parte, el incremento de la marginalidad y la pobreza también tienen repercusiones ecológicas preocupantes, como la incesante tala de árboles de los bosques para leña, prácticas contaminantes, la desaparición de especies y ecosistemas por la presión de la expansión demográfica. Éste es el segundo de los procesos que examinaremos a continuación.
El crecimiento demográfico, la aparición de megalópolis, la invasión y destrucción incesante de ecosistemas enteros y de tierras cultivables. Cada 8.23 segundos se pierde una hectárea productiva (IDRC, s/f).
El desarrollo tecnológico desenfrenado que le ha permitido al hombre obtener energía del átomo (y crear armas infernalmente poderosas capaces de hacer volar el planeta en mil pedazos), materiales del gas y del petróleo, de los minerales, biotecnología, generalizar el transporte y las telecomunicaciones, lograr estándares de confort insospechados hasta hace muy pocos años y – en general – altamente consumidores de energía – y sobre todo acumular medios bélicos cuya utilización en una pequeñísima fracción ha traído consecuencias impresionantes, como las enfermedades degenerativas de soldados norteamericanos de la guerra del Golfo o la leucemia que padecen los soldados italianos que permanecieron en Kosovo según denuncia la prensa internacional (El Mostrador, Santiago, 19 de diciembre de 2000).
La crisis de nuestros sistemas de relaciones de trabajo es igualmente manifiesta. Se habla del “fin del trabajo” (RIFKIN, 1999) y, desde estas perspectivas, los cambios llevan a la desarticulación del “mundo del trabajo” tal como lo conocíamos hasta hace relativamente poco tiempo. Por una parte, se han incrementado las tendencias a la informalización, al desempleo y subempleo, a la precarización, la pérdida de puestos de trabajo estables, los retrocesos de las tasas de sindicación y negociación colectiva lo que ha llevado a una triple crisis del Estado benefactor, del Derecho del Trabajo como instrumento protector y del sindicalismo. En el plano cultural, la crisis muestra una creciente desvalorización del trabajo frente a nuevos imaginarios sociales “posmodernos”. En el aspecto político observamos la caída de los denominados “Estados del socialismo real” y de los partidos que los hegemonizaban con su retórica obrerista y el retroceso de las ideas socialdemócratas originales frente a nuevas corrientes “modernizadoras” en los principales partidos socialistas policlasistas de occidente como en el Laborismo inglés, el PSD de Alemania, el PSOE español etc. que llevan a enfrentamientos abiertos o disimulados con las organizaciones sindicales que fueron su tradicional sustento.
Pero estas crisis parciales, del Estado, del trabajo, de nuestra relación con la naturaleza y de las visiones nacionales y colectivas del mundo frente a un emergente individualismo, nos llevan a una crisis civilizatoria que ha coincidido con el inicio del nuevo milenio y que ha hecho aflorar nuevas perspectivas “milenaristas” que pretenden la obsolescencia de los modelos de relación entre los hombres, como trabajadores y como ciudadanos frente a la emergencia de una cultura del consumo que convierte al hombre en un objeto del mercado: una dramática alienación que han estudiado desde intelectuales como GUATTARI hasta el Papa Juan Pablo II y que tiene la grave contradicción “global” que genera un sistema económico, cultural, social y político que deja fuera del consumo de los productos más necesarios para la vida humana, del conocimiento tecnológico y de la ciudadanía a crecientes mayorías de pobladores de nuestro planeta como lo ha constatado recientemente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
C. Problemas sociales y ambientales "desde el mercado": las deudas sociales y ambientales.
La perspectiva neoliberal además de ser un modelo económico, es también una visión amplia de la vida en sociedad. Postula al mercado como el escenario social perfecto. Su funcionamiento se basaría en la aceptación voluntaria de los individuos, a partir de sus intereses particulares, sin atender a los fines colectivos. Las interacciones sociales quedan reducidas a relaciones de mercado. El centro se pone en el individuo, y la sociedad deja de ser una categoría con características propias, reflejando en cambio un mero agregado de personas distintas, cada una atendiendo sus propios fines. Los derechos personales son reducidos a derechos del mercado, y la libertad es presentada negativamente, como ausencia de coerción, y en especial restringida básicamente a la libertad de comprar y vender.
Es en el mercado donde se realiza la libertad personal. Para asegurar su correcto funcionamiento debe estar protegido de intervencionismos, y en especial, de los provenientes del Estado.
Un breve vistazo a algunas medidas que se han tomado en los terrenos social y ecológico, servirán de ejemplo. Las políticas sociales, en particular los servicios de seguridad social, y la educación, así como las políticas ecológicas de conservación de la Naturaleza, quedan subordinadas a criterios de mercado GUDYNAS (1995, 1998) CORAGGIO (1993), DE SIERRA (1994), STAHL (1994).
Según esta concepción, la mejor defensa del ambiente y la naturaleza es su privatización. Lo Estatal, y aún más lo público, es como res nulius. No tiene dolientes, nadie lo defiende. Es necesaria una política que haga privado el aire, el agua, el mar. Ya en muchos de nuestros países esto ocurre y, por ejemplo, se ha dividido el mar territorial a través del sistema de concesiones. Igualmente ocurre con "lo social": algo eminentemente público y solidario, como la seguridad social es privatizada, sus fondos engrosan el del mercado financiero y las prestaciones de los futuros jubilados y pensionados dependen de los vaivenes bursátiles mas que de su esfuerzo y capacidad individual como se quiere hacer ver en una implacable campana mediatica.
Dice GUDYNAS en su excelente trabajo que el ambientalismo neoliberal puede alcanzar posiciones ridículas. En su búsqueda obsesiva de optimizar los mercados, se ha llegado al extremo de plantear que el principio de contaminador-pagador se aplicaría no el contaminador sino a aquellos afectados por la contaminación, quienes deberían pagar esos impuestos y tasas y de esa manera inhibir a las personas de escoger lugares de residencia próximos a industrias contaminantes (BAUMOL Y OATES, 1988).
Las empresas consideran a los costos ambientales como "externalidades" negativas, parte de un pasivo indeseable y los Estados que establecen reglas y las hacen cumplir son considerados enemigos de la competitividad y poco fiables para las inversiones.
Crece por ende un pasivo ambiental en varios aspectos:
1. Los efluentes industriales, las substancias contaminantes que muchas veces son subproducto de algunos procesos cuyas tecnologías fueron desarrolladas con absoluta prescindencia de los posibles impactos ambientales, como los desechos radiactivos de las plantas de generación de energía atómica, las plantas petroquímicas de cloro soda que desechan toneladas de mercurio al medio ambiente, la generación de energía por la quema de combustibles fósiles y su comprobada contribución a la lluvia ácida y al efecto invernadero etc.
2. La utilización irracional de energía e insumos y un permanente "saqueo" de las materias primas compradas a precios manipulados en el mercado mundial, rebajados por lo que la CEPAL denominó el deterioro de los términos del intercambio.
3. La contaminación de los lugares de trabajo y las vecindades industriales. Una Encíclica ponía de manifiesto hace muchos años que la materia sale ennoblecida del taller y el hombre degradado. Miles de productos son utilizados por las industrias sin un estudio previo de su incidencia en la salud de los trabajadores (ni de los consumidores, ni de los habitantes de las vecindades). Cuando la presión pone en peligro las actividades contaminantes esos procesos son trasladados a otros países con menor o sin protección ambiental.
4. La fabricación de productos innecesarios y contaminantes que generan su propio mercado merced a la manipulación consumista, a la lógica de concentración de poder, y a un esquema individualista exacerbado como por ejemplo, la cultura del automóvil, altamente ineficiente y contaminante como medio de transporte, la fabricación de armamento cada vez más aterradoramente sofisticado o la “cocacolonizacion” y “macdonalizacion” de los habitos alimentarios con el consumo masivo de productos perjudiciales para la salud, en especial de los ninos, ninas y adolescentes.
5. La intensificación del comercio mundial aumenta la posibilidad de desastres provocados por el traslado de materias primas y productos manufacturados, derrames petroleros, escape de productos químicos, de desechos industriales etc.
6. La desaparición de ecosistemas enteros o su degradación y la extinción de gran cantidad de especies, por la tala, las emisiones contaminantes etc., así como la pérdida de la biodiversidad.
7. Los gravísimos cambios climáticos en los cuales parecen tener una responsabilidad muy grande los desequilibrios provocados por la continua expansión de la tecnoesfera y una de cuyas expresiones más difundidas es el agujero de la capa de ozono que producen los derivados del carbono que se combinan con esa forma alotrópica de oxígeno y priva a la atmósfera de la defensa natural contra los rayos solares dañinos para la vida humana, vegetal y animal.
8. El uso de herbicidas, pesticidas, alimentos para animales, métodos agrarios altamente peligrosos para la salud de los trabajadores rurales y los consumidores.
9. La propagación de enfermedades ocasionadas o agravadas por los problemas ambientales, que constituyen un grave peso para la salud pública de nuestros países.
Esta situación produce una grave y múltiple agresión que sufren la naturaleza y los propios seres humanos:
1. Como productores en un ambiente agresivo, insalubre y contaminado con deterioro de las condiciones y medio ambiente del trabajo,
2. Como consumidores, objeto de manipulación, ansiedades consumistas y graves peligros por el uso de diferentes substancias no catalogadas pero muy probablemente dañinas,
3. Como pobladores de las altamente marginalizadas ciudades, producto del proceso de "calcutización" de nuestras metrópolis,
4. Como desempleados por la incorporación de la robótica y demás tecnologías desplazadoras de mano de obra y como subempleado o trabajador precario por las nuevas formas de contratación "flexibilizadas",
5. Como ciudadano de un país – y como habitante de un planeta – amenazado por la destrucción de los ecosistemas y del “tejido social” creado por la Seguridad Social (que pasa a convertirse en esta concepción en un instrumento financiero e individualista), por la acción sindical (que es estigmatizada como inconveniente para el desarrollo del mercado de la “mercancía” trabajo) y del propio de Derecho del Trabajo (considerado como un estorbo a la productividad y competitividad y al propio desarrollo individual de los trabajadores).
6. Como padres de las nuevas generaciones que recibirán problemas sociales, ambientales y ecológicos agravados por la irresponsabilidad de las generaciones anteriores.
Si bien nuestro trabajo se centra en el primero de estos aspectos, los del medio ambiente de trabajo, no podemos dejar de considerar que los problemas de las condiciones y medio ambiente de trabajo (CYMAT) no están aisladas sino que conforman un todo con el resto de los problemas ambientales descritos.
D. El papel del Estado, el Derecho del Trabajo y el Derecho Ambiental y sus limitaciones en América Latina.
Sin menoscabar la importancia de los antecedentes de la temprana preocupación por el ambiente, por ejemplo de Simón Bolívar (los decretos conservacionistas del Libertador), las primeras regulaciones ambientales las encontramos como parte de la protección de los microclimas industriales, tanto en el incipiente Derecho del Trabajo - en especial el referido al trabajo en las minas – como en las regulaciones de nivel municipal, local, que derivaban las competencias de ordenación edilicia, higiene y aspectos conexos. Pero bien pronto la magnitud del problema comienza a hacer insuficientes esas previsiones y aparecen normas específicas de Derecho Público.
El Derecho del Trabajo aporta tempranamente normas internacionales como las relativas al uso de la cerusa en la pintura y la limitación de la jornada de trabajo en la industria y normas nacionales de higiene y seguridad de las fábricas y otros lugares de trabajo. El Derecho Civil regula los daños producidos por la inseguridad laboral y por las prácticas depredadoras del ambiente dentro de los cánones tradicionales de la responsabilidad civil y surgen incluso normas penales.
Así como el Derecho del Trabajo es producto de los graves desequilibrios sociales producidos en la Revolución Industrial, el Derecho Ambiental nace como una reacción frente a la grave situación de los crecientes desequilibrios ecológicos. Ambos tienen, desde sus inicios, una vocación internacional: la normativa laboral para regular la competencia internacional a través de normas que comienzan a elaborarse a finales del siglo XIX y, a mediados del siglo XX la normativa ambientales dado que es reconocido que, en general, los problemas ambientales afectan más allá de las fronteras nacionales y se requiere una acción internacional frente a ello.
La primera oleada de regulación tanto ambiental como laboral es claramente intervencionista: el Estado, por una parte, y por otra la comunidad internacional, asumen un papel fundamental.
Así la regulación laboral asume primero la forma de normas producto de las convenciones colectivas y legales, para pasar a desarrollarse internacionalmente (OIT, 1919) y a constitucionalizase tras las experiencias pioneras de Querétaro y Weimar.
Más adelante, algunos países desarrollan importantes instituciones para el control ambiental y sanciones más severas para los contaminadores. En el nivel internacional también se crean importantes instituciones especializadas como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y se multiplican las Conferencias Mundiales que constituyen grandes hitos en el desarrollo de una conciencia ambiental como las de Estocolmo en 1973 y Río de Janeiro en 1993. Aparece la idea de la tierra como hábitat de la humanidad: "una sola tierra".
Los organismos financieros internacionales condicionan su asistencia crediticia al cumplimiento de ciertas normas ambientales y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (conocido por sus siglas en inglés, NAFTA), adopta reglas especiales para evitar el dumping ecológico, y dentro del aspecto laboral, establece mecanismos específicos para vigilar las violaciones de los países contratantes de las normas relativas a la higiene y seguridad laborales y medio ambiente de trabajo.
En esta "segunda ola" de regulación los sindicatos latinoamericanos o ignoran el problema o caen atrapados en este campo por la contradicción entre la defensa del empleo y la protección ambiental - y utilizan una doble estrategia: por una parte intentan, a través de la negociación colectiva y otros mecanismos, establecer reglas que permitan mejorar las condiciones ambientales sin detrimento del empleo, y por otra parte, demandan al Estado reglamentaciones, compensaciones y subsidios para poder enfrentar el problema.
Paralelamente se amplía la conciencia ambiental en sectores cada vez más importantes de la población y comienzan a agruparse, en el ámbito nacional e internacional organizaciones no gubernamentales con agendas cada vez más precisas. Las prácticas depredadoras y contaminadoras de las empresas y de los individuos comienzan a ser éticamente consideradas como "políticamente incorrectas" no solamente en los países desarrollados sino en importantes sectores de América Latina.
Los derechos ambientales – como derechos felicitarios (TINOCO, 1988) - como derechos de tercera generación o derechos de solidaridad (URIBE VARGAS, 1983) – comienzan a constitucionalizarse. Esta tendencia es tan notable, que incluso constituciones como la chilena de la dictadura, que proponían fundar jurídicamente un orden neoconservador o neoliberal, contienen normas importantes de Derecho Ambiental.
Es precisamente ese esquema político neoconservador o neoliberal que como parte de la (contra) revolución Thatcheriana-Reaganista comienza a erosionar al aparato jurídico institucional de defensa del ambiente en general y del ambiente de trabajo en particular. Los delitos ecológicos, sobre todo los cometidos con frío y calculador dolo y propósito de enriquecimiento desmedido por las grandes corporaciones industriales, extractivas, energéticas y de transporte son habitualmente delitos de "cuello blanco" que entran dentro del amplio campo de los ilegalismos privilegiados (ACOSTA, 1988).
El poder del Estado se debilita frente a las empresas transnacionales y al mercado. La posibilidad concreta no solamente de imponer sanciones sino de inspeccionar y controlar se vuelven en muchos casos ilusorias. Los organismos reguladores carecen de autonomía real y de estructuras técnicas frente al poder de los monopolios.
El poder de los sindicatos sufre en esta etapa un fuerte retroceso y con él la posibilidad de órganos independientes de control en el seno de las empresas y por ramas de producción. En muchos casos nuevos movimientos sociales ambientalistas, de vecinos, etc. toman un lugar fundamental en la organización de la población para enfrentar los graves problemas ambientales.
La reacción sindical no se hace esperar y el tema del ambiente aparece en la agenda de los congresos laborales internacionales y en la literatura teórica del sindicalismo. Esta preocupación, en general, no llega a la práctica sindical concreta en época de crisis del empleo, de reestructuración productiva y del aparato del Estado y de fuerte ofensiva antisindical. Por el contrario, la cotidianeidad de la lucha laboral se torna fuertemente "defensiva" y "economicista".
E. La tercera oleada de regulación y la tercera generación de derechos.
Con el debilitamiento de los controles estatales y sindicales la responsabilidad empresarial aparece en primer plano y el propio Estado se despoja de sus facultades de control y adopta un nuevo modelo basado en la auto regulación (por las propias empresas) y de controles "ex post facto" que ocupan el lugar de la detallada regulación de la etapa anterior.
Dada la satanización del Estado y de lo público, en esta concepción son las propias empresas las que deberán cuidar del cumplimiento de la normativa sobre ambiente laboral y sobre protección ecológica. En compensación a este "desguace" del Estado se les otorgan a los trabajadores – en general como derecho individual, no colectivo – responsabilidades en el control. Pero las nuevas condiciones políticas y culturales – con la preeminencia de los criterios individualistas-consumistas y no solidarios – producen un agudo desequilibrio de fuerzas entre los actores de las relaciones de trabajo, lo cual hace aún más ilusorio este control aún en los países desarrollados (TUCKER, 1999).
En realidad, esto es parte de un esquema ideológico que rechaza las "intromisiones del Estado" o de cualquier otro agente en el mercado, porque serían ataques a la libertad personal. Según esta concepción, nadie posee toda la información como para planificar y manejar adecuadamente la marcha de la sociedad, en tanto el conocimiento está diseminado y fragmentado, y será en el mercado donde esas piezas de información se integren. En atención a ello niegan que el Estado o cualquier otra organización pueda planificar o encauzar la marcha de la sociedad, confiando entonces en un orden espontáneo que deriva de las relaciones en un mercado competitivo (HAYEK, 1994).
Tanto para el Derecho de las condiciones y medio ambiente de trabajo como para el Derecho Ambiental (como conjuntos de normas jurídicas) se pretende – en esta tercera oleada de "regulación" - pasar a una simple "ética" de seguridad o "ética" ambiental (mediante normas no coercitivas).
En el caso de la gestión ambiental, tanto en el ambiente en general como en el medio ambiente de trabajo en particular, lo que busca la propuesta neoconservadora o neoliberal hegemónica es, por una parte la "externalización" de los riesgos y por la otra la privatización de los recursos naturales, en particular otorgando derechos de propiedad y patentes sobre variedades de plantas y animales, y transfiriendo la gestión ambiental a organismos por fuera del Estado y del control social dice GUDYNAS (1998) y nos trae el caso más extremo en nuestro continente que es la constitución del Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) de Costa Rica, bajo personería jurídica de asociación civil sin fines de lucro, pero a la que se le han cedido la potestades de la nación para la conservación y manejo de los recursos biológicos del país centroamericano.
El sesgo mercantil - nos dice GUDYNAS (2000) - avanza sobre todo en la cotidianidad. Allí se observa una avalancha de conceptos y términos mercantiles. Pero no menos relevante, es el hecho de cómo esos cambios están pasando inadvertidos o son tomados con toda naturalidad. Hasta se llega a generar un "marketing ecológico" para atender a los ambientalistas
Este sesgo mercantil se nutre de una serie de preceptos que encarnan claramente la corriente neoliberal. Para ellos el mercado es el único medio para la asignación más eficiente de los recursos. Allí se genera un orden espontáneo, donde la competencia es el mecanismo básico de acción entre los individuos. De hecho, según HAYEK (1968), son los individuos persiguiendo sus propios intereses y beneficios los que determinan la marcha de la sociedad.
Allí no hay lugar para la razón ni para una ética de solidaridad o altruismo. HAYEK (1990) sostiene que: "La competencia no es otra cosa que un ininterrumpido proceso de descubrimiento, presente en toda evolución, que nos lleva a responder inconscientemente a nuevas situaciones. Es la renovada competencia, y no el consenso, lo que aumenta cada vez más nuestra eficacia".
Esto explica varias de las posturas sostenidas en el campo de las políticas sociales. La fuente de los principios no está en el análisis ético sino en las relaciones de mercado: "En un verdadero sistema de libre empresa, los derechos de los individuos y su propiedad son sagrados y no pierden su valor debido a conceptos filosóficos, como el bien público, o el interés público o el bien común" (BLOCK, 1992). En el mismo sentido, el ambientalismo del libre mercado reniega de discusiones éticas tales como las que consideran si los animales y plantas pueden ser sujeto de derechos, y en cambio afirma que esta postura va de la mano con la que privilegia el individualismo frente a las acciones colectivas, que consecuentemente se debilitan. Los seres humanos no tienen fines últimos compartidos. La minimización de la política y el Estado se reflejan en la propuesta de HAYEK de un orden distinto a la democracia, y que llama demarquía. Para HAYEK no puede existir algo como una justicia social porque el orden emergente del mercado es espontáneo y está basado en individuos que buscan su propio beneficio. (GUDYNAS, 2000)
De esta forma, la regulación se presenta como una "auto limitación" que se imponen las propias empresas que adoptan un "discurso" y un marketing ambiental: incluso es importante el mercado de los productos "no contaminantes" que basan su propaganda en que, por ejemplo, no contienen compuestos de flúor carbono que deterioran la capa de ozono, o automóviles supuestamente ecológicos porque contaminan un poco menos por tener un “convertidor catalítico”.
Aun cuando en muchas empresas encontramos la adopción de estándares regulatorios provenientes de las casas matrices, es común escuchar denuncias que algunas de estas firmas se radican en países latinoamericanos buscando evadir las regulaciones ambientales y los mecanismos de control de los países de origen. En materia de las normas de medio ambiente del trabajo la situación suele ser similar.
En muchos países de América Latina la situación se torna aún más crítica con el proceso de privatización de la seguridad social y con la adopción de esquemas de economía abierta que tratan de salir del esquema de industrialización sustitutiva por medio de modelos de desarrollo "exógeno" que, en muchos casos, privilegian las exportaciones con ventajas comparativas de "recursos" naturales, con el consecuente deterioro de los mismos y del medio ambiente (UNIVERSIDAD DE CHILE, 2000).
Las exigencias de la "competitividad" para participar de un comercio internacional cada vez más influenciado por el "dumping social" y el "dumping ambiental" y para atraer capitales hacen de las regulaciones ambientales y laborales– en el pensamiento de muchos de nuestros formadores de políticas – graves "obstáculos al desarrollo".
Pero es precisamente en los graves problemas que generan esas prácticas, como lo son la creciente polarización social e internacional y el evidente deterioro de los ecosistemas globales que surge una conciencia crítica que sustenta nuevos esquemas de regulación.
Estamos frente a tres aspectos positivos que puede traernos el actual proceso de mundialización:
1. El surgimiento de un modelo de acción humana que armoniza los aspectos éticos, económicos y ambientales centrándose en una vocación de solidaridad comunitaria y de control de las actividades transnacionales
2. El creciente papel del Derecho Internacional y la ampliación de los derechos de tercera generación.
3. La aparición de las cláusulas sociales y ambientales en los procesos de integración y en la regulación del comercio internacional.
Los derechos de tercera generación exigen una acción de la comunidad internacional, ya que no puede haber desarrollo humano, ni protección del medio ambiente, ni paz, ni reconocimiento del "patrimonio común de la humanidad”, ni consiguientemente vigencia efectiva de esos derechos sin una acción internacional, que viene manifestándose, en instrumentos como la Declaración de Estocolmo (Declaración de las Naciones Unidas sobre el medio humano de 1972), la Declaración de Río (Declaración sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992), el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena sobre la materia, el Convenio de Basilea de 1989 sobre control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación así como las normas contenidas en los tratados de integración, de libre comercio y los tratados bilaterales y, con mucha fuerza por las polemicas que ha significado, el recientemente en vigor Protocolo de Kioto.
En todos nuestros países son crecientes los intentos de aplicación de esta normativa internacional, así como la toma de conciencia paulatina de sectores sociales críticos cada vez más importantes que asumen lo que GUATTARI (1989) llamaba “luchas del deseo” y exigen el cumplimiento de las normas y la adopción de políticas ambientales y sociales contrapuestas a los esquemas ideológicos hegemónicos (ANDERSON Y LEAL 1991) y a la concentración del poder financiero, tecnológico y político (CHONCHOL 2000).
Por ello es fundamental un cambio en la estructura y acción de los actores colectivos: por una parte la necesidad de una agenda ambiental en los sindicatos y de una agenda social en las organizaciones ambientalistas, lo cual determinará cambios cualitativos, no solamente en los programas y luchas, sino en su “militancia”, en su organización y sus relaciones con el Estado y la sociedad.
Es menester también que los actores sociales asuman – más allá de sus esquemas reinvindicativos tradicionales como un mecanismo de refundación y reasignación de sentido a sus luchas y a su propia existencia colectiva – la búsqueda de una ciudadanía de quienes trabajan en las diversas condiciones y modalidades en la nueva y en la vieja economía y en las cambiantes modalidades de las relaciones laborales de América Latina.
Finalmente, last but not least, parece fundamental, sobre todo en América Latina, la reformulación del papel del Estado. Las contradicciones de nuestro desarrollo histórico dieron lugar en la mayoría de nuestros países a una fuerte debilidad institucional, debilidad que se acentúa como consecuencia del proceso de mundialización.
En la ultima parte del siglo pasado hemos presenciado un proceso de “retiro del Estado”, de desmantelamiento jurídico, ideológico y organizativo: una gigantesca operación mediatica de deizacion del mercado y satanización de lo publico, de lo colectivo y, en especial, del Estado.
La base de una política nacional coherente en materia ambiental y laboral exige asignarles a los actores colectivos, en especial a las organizaciones de los empleadores y trabajadores y a los nuevos movimientos sociales, un papel primordial en el diseño, en la elección de las prioridades, en la ejecución y evaluación de esa política. El Estado debe abandonar su práctica de legislar discursivamente y querer controlar todas las actividades más allá de sus posibilidades y, por el contrario, asumir decididamente su rol regulador, promotor y orientador y sobre todo, coordinador de los esfuerzos públicos y privados, descentralizados y por ramas de actividad, tendentes a la autorregulación por parte de los propios actores sociales en ejercicio de la autonomía colectiva.
En Venezuela, un paso muy importante en el sentido de la adopción de un esquema normativo plural, acorde con las posibilidades y necesidades del siglo XXI es el papel jurídicamente relevante que le otorga la Constitución a la normativa internacional de los derechos humanos (Art. 23), entre la cual encontramos la relativa a los derechos relativos al ambiente en general y en especial al laboral. Esta es la base del desarrollo de un Derecho Ambiental Laboral capaz de contribuir al respeto por el equilibrio ecológico y humano, a la reconciliación entre naturaleza y desarrollo, al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y a la conformación de un modelo democrático de relaciones de trabajo y de gestión de la producción que lleve a los trabajadores a convertirse en verdaderos ciudadanos de la empresa que contribuyan protagonicamente a los cambios profundos que requieren nuestras economias para salir del esquema rentista depredador de la naturaleza y para pasar a un modelo y prácticas productivas que respeten el ambiente y desarrollen las potencialidades materiales y humanas.
Estas metas requieren un Derecho y una etica laboral y ambiental que restituya el papel del Estado, a la par de otorgarle un protagonismo fundamental a los actores sociales. Un Estado que asuma un papel regulador y promotor pero que debera someterse a la contraloría social por parte de las organizaciones ambientalistas, sindicales, indígenas, locales y regionales, interesadas en una vida mejor para si y para las futuras generaciones. El ejercicio de esta participación y de contraloría permitira que sectores en muchos de nuestros paises secularmente marginados del poder se organicen estableciendo una verdadera red de interacciones que fortalezcan el colectivo social.
Estas normas jurídicas y eticas deben significar reglas claras que permitan establecer sanciones eficaces a los transgresores (no solamente jurídicas sino tambien morales, controles sociales efectivos) y premios e incentivos adecuados a quienes cumplen con las normas que muchas veces han estado signadas por su carácter discursivo y un alto grado de incumplimiento, dentro de la categoría de las Leyes aereas contra las cuales nos alertaba el Libertador.
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